El 11 de marzo de este año se firmó en la sede de la Real Academia Española (RAE) el Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía.
Esa firma constituye otro hito en un proceso de modernización de la lengua de la Administración que, en el ámbito español e hispanohablante, ha sido a épocas vacilante, pero cuya necesidad, no obstante, parece ir infiltrándose con tozudez tanto –como se ve– en el espíritu de las instituciones jurídicas, como en las reivindicaciones ciudadanas y en la agenda de las Políticas Públicas. Intentaré presentar a continuación los pasos más importantes de ese proceso, que sigue el ejemplo de procesos similares desarrollados hace ya décadas en otros países de nuestro entorno.

Empecemos por la reciente firma de este Protocolo por parte de los máximos representantes de las instituciones responsables de la Administración de Justicia: el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,  el ministro de Justicia, la fiscal general del Estado; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, el presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España y el vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. Junto a ellos, el director de la RAE, la institución anfitriona. Sin duda, una muy nutrida y selecta representación de autoridades jurídicas. De manera un tanto sorprendente considerando el tema central del Protocolo (a saber: la comunicación de la Justicia a los administrados), no comparecía ni un solo lingüista (como se sabe, el actual director de la RAE es catedrático de Derecho Administrativo). Continueu llegint…