Socioeconomía y lengua: entre la protección pública y la autonomía privada – Alba Nogueira López
Es bastante habitual que el ordenamiento jurídico, tanto en países plurilingües como monolingües, proteja su(s) lengua(s) nacional(es) en las relaciones interprivados y en el tráfico económico. Un ejemplo gráfico de esto podría ser el Real decreto 564/1993, de 16 de abril, aprobado para garantizar que la letra ñ figure en los teclados de los dispositivos de escritura con el objetivo expreso de mantener la “identidad de la lengua oficial” y el “desarrollo cultural”. El etiquetado de productos, la contratación, la rotulación de establecimientos o la información a los usuarios son ámbitos en los que es habitual la existencia de regulaciones con contenido lingüístico, normalmente con la finalidad de proteger la inteligibilidad de las transacciones y proteger a los consumidores. Sin embargo, este ha sido uno de los ámbitos que ha suscitado más debate en el siempre polemizado mandato constitucional de protección de las lenguas.
El artículo “Socioeconomía y lengua: entre la protección pública y la autonomía privada”, publicado por la Revista Llengua i Dret con motivo de los 40 años transcurridos de derecho lingüístico, busca señalar las razones de interés general que justifican la intervención lingüística en la socioeconomía, los límites que encuentra esta intervención y los ámbitos preferentes de esta.